Breve reseña de la legislación ambiental Argentina

La legislación ambiental en la República Argentina puede ser descripta partiendo de las siguientes categorías:

  1. Legislación Internacional.
  2. Legislación Nacional.
  3. Legislación Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  4. Normativa Municipal.

1. Legislación Ambiental Internacional.

Desde al año 1972, en que se desarrolló la primera reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en la ciudad de Estocolmo, Suecia, y luego se creara el Programa de Naciones Unidos para el Medio Ambiente (PNUMA), se han venido celebrado y aprobando una serie de conferencias y tratados internacionales que conforman lo que podemos denominar el derecho ambiental internacional.

La República Argentina ha colaborado en la elaboración y es parte en un gran número de estos tratados internacionales los cuales, al haber sido ratificados por leyes nacionales, resultan de aplicación a nivel interno (conf. art. 31 y art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).

Por otra parte, gran parte de estos tratados han servido de antecedente jurídico para la elaboración de normas ambientales nacionales. En este sentido, podemos mencionar a modo de ejemplo la Declaración de Naciones Unidas de Río 92´ sobre Medio Ambiente y Desarrollo y su influencia sobre el texto de la Ley General del Ambiente, Ley Nacional Nº 25.675; y el Convenio Internacional de Basilea sobre Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos (ratificado por Ley Nacional Nº 23.922) y su recepción en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051.

Entre otros Convenios Internacionales de aplicación en la Argentina, cabe destacar la Convención de Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación (ratificada por Ley Nacional Nº 24.701); el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes -POPs por su siglas en inglés- (ratificado por Ley Nacional Nº 26.011); el Convenio de Montreal relativo a sustancias que agotan la capa de ozono (Ley Nacional Nº 23.778); la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Ley Nacional Nº 22.344); y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Ley Nacional Nº 24.295). A nivel regional, se destaca la celebración del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR, ratificado por la Ley Nacional Nº 25.841.

2. Legislación Ambiental Nacional.

Con posterioridad a la Declaración de NU de Río del 92´, se produce una reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 y se incorpora a su texto, entre otras modificaciones, el artículo 41, mediante el cual se recepta el derecho de todo habitante a gozar de un ambiente sano y se establecen una serie de obligaciones y mandatos tanto a nivel general, como específicamente en relación a las autoridades públicas. A su vez, en dicha cláusula se adoptó un sistema de distribución de competencias en materia normativa entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales. La Nación, a partir de allí, tendría la facultad de dictar las denominadas “normas de presupuestos mínimos de protección ambiental” y las provincias, la facultad de complementar dichas normas.

El concepto de normas de presupuestos mínimos, de acuerdo con los debates de la Convención Constituye autora de la reforma, tiene como antecedente las leyes de base del derecho español y conforman, de acuerdo con la interpretación de parte de la doctrina con la que coincidimos, un piso de regulación (un mínimo de protección ambiental) de carácter uniforme para todo el país, que debe ser aplicado por las Provincias, que han delegado en el Congreso Nacional la potestad de dictar estas normas, y se han reservado la potestad de complementarlas pudiendo ser más exigentes en post de la protección ambiental, pero no menos que el mínimo establecido a nivel federal.

De esta manera, fueron sancionadas por el Congreso Nacional una serie de leyes de presupuestos mínimos (9 en total) desde el año 2002 hasta la fecha. Estas son: la Ley Nº 25.612 Presupuestos Mínimos para la Gestión Integral de los Residuos Industriales y de Actividades de Servicio; la Ley Nº 25.670 Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de PCBs; la Ley Nº 25.675 , Ley General del Ambiente; la Ley Nº 25.688 Régimen de Gestión Ambiental de Aguas; la Ley Nº 25.831 Información Pública Ambiental; la Ley Nº 25.916 Gestión de Residuos Domiciliarios; la Ley Nº 26.331 Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos; la Ley Nº 26.562 Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Control de las Actividades de Quema y la Ley Nº 26.639 Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Estas leyes de presupuestos mínimos y los decretos y resoluciones nacionales que las han reglamentado parcialmente en el marco de las competencias del Gobierno Federal, constituyen lo que podemos denominar normativa ambiental de carácter nacional.

3. Legislación ambiental provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A nivel provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en lo que aquí respecta cabe ser tenida por una provincia más, se encuentran las cláusulas ambientales receptadas en las Constituciones Locales, muchas de ellas de modo previo a la recepción en la Constitución Nacional y las leyes y normativa complementaria ambiental dictada por las provincias.

Al respecto, cabe tener presente que gran parte de la normativa ambiental provincial, ha sido sancionada con anterioridad a la reforma constitucional del 94´ y del dictado de las leyes nacionales de presupuestos mínimos. En virtud de ello, esta debe ser aplicada, interpretada y eventualmente adecuada de ser necesario, a la luz del sistema federal ambiental adoptado a partir de la reforma mencionada y plasmado con más precisión en la Ley General del Ambiente.

4. Legislación municipal.

Por último, contamos con legislación ambiental de rango municipal, la cual, por supuesto y de acuerdo al orden de jerarquía normativa que se viene describiendo en el presente, debe adecuarse tanto a las leyes provinciales como nacionales que le sirven de marco.

Al respecto, a modo de ejemplo, podemos indicar que gran parte de los municipios cuenta con normas del carácter ambiental como es el caso de las ordenanzas que regulan los distintos usos del suelo, o normas referidas a la gestión de residuos sólidos urbanos, entre las más comunes.