Marco Jurídico de los Residuos Peligrosos en Argentina

Buenos Aires, 10 de mayo de 2012.

El marco normativo en materia de residuos peligrosos en la República Argentina se encuentra compuesto por normas de rango internacional, nacional y provincial.

La primera norma sancionada a nivel nacional consistió en la ratificación a nivel interno/nacional de una norma de carácter internacional. Esta fue la Ley Nº 23.922 del año 1991, mediante la cual se aprobó el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación. Esta convención fue celebrada con el auspicio y a instancias del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Luego, en el año 1992, se sancionó la Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051, que tomó como antecedente directo el Convenio de Basilea.

La ley Nº 24.051 adoptó el esquema de una ley nacional “de adhesión”. Es decir que en principio para que la norma nacional resulte de aplicación en territorio provincial, las provincias deberían dictar su propia legislación adhiriendo a los términos de la ley nacional. Decimos en principio porque la Ley Nº 24.051 si bien es una norma de carácter nacional aplicable a territorios sometidos a la jurisdicción nacional y no provincial, también posee normas de carácter federal (aplicables en las provincias aún sin adhesión) para casos de interjurisdiccionalidad o normas de derecho común o de fondo (responsabilidad civil y penal).

Otra alternativa, era que cada provincia sancionara su propia legislación provincial en la materia, como fue el caso de la Provincia de Buenos Aires que cuenta con su propio régimen a través de la Ley de Residuos Especiales Nº 11.720.

Este carácter complejo en cuanto a la aplicación territorial de la norma, respondía al esquema de distribución de competencias entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales por entonces vigente a nivel de la Constitución Nacional, el cual fue modificado a partir de la reforma del año 1994.

A partir de dicha reforma constitucional, la asignación de competencias en materia ambiental se vería parcialmente modificada, dado que se las provincias delegaron en la Nación la faculta de dictar las normas de “presupuestos mínimos” de protección ambiental. Y las provincias se reservaron la facultad de complementar dichas normas y de aplicarlas dentro de su propia jurisdicción (art. 41, tercer párr. CN).

Fue por ello, que en el año 2002, ya bajo el nuevo esquema constitucional, se sancionó la Ley Nº 25.612 de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicio (primera ley de presupuestos mínimos sancionada). Esta ley tenía por objeto reemplazar a la Ley Nº 24.051 dictando un nuevo marco normativo bajo el esquema de presupuestos mínimos de protección ambiental adoptado por la Constitución Nacional.

Ahora bien, por una serie de deficiencias técnicas que no viene al caso profundizar en el presente, el artículo de la Ley Nº 25.612 que derogaba a la Ley Nº 24.051, fue vetado por el Poder Ejecutivo Nacional al promulgar la norma de presupuestos mínimos, quedando ambas vigentes y superpuestas parcialmente. Esta situación se mantiene hasta la actualidad y crea, a nuestro juicio, una serie de consecuencias jurídicas como ser la falta de certeza muchas veces en cuanto al marco legal aplicable a la materia, superposición de normas, doble imposición, dispendio jurisdiccional y falta de efectividad en los controles por parte de las autoridades de aplicación, entre otros.

Es por ello que consideramos más que necesario el dictado de una nueva ley de presupuestos mínimos en materia de residuos peligrosos, que bajo el nuevo esquema constitucional, tienda a superar esta situación.

Finalmente, a nivel provincial hoy nos encontramos con provincias que se encuentran adheridas en todo o en parte a la Ley Nacional Nº 24.051 (por ej. Ley Nº 8973 de la Prov. de Córdoba, Ley Nº 5394 de la Prov. de Corrientes, Ley Nº 5917 de la Prov. de Mendoza, Ley Nº 6605 de la Prov. de Tucumán), y otras que han dictado su propia legislación de residuos peligrosos (por ej., Ley Nº 11.720 de la Prov. de Buenos Aires y Ley Nº 2214 de la Ciudad de Buenos Aires).

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