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Se veta proyecto de ley de compras públicas sustentables - NormasAmbientales.com Cdad. de Buenos Aires

Poder Ejecutivo

Decreto 12/2014

Se veta proyecto de ley de compras públicas sustentables


Publicada: 22/01/2014



VISTO:

 

El Proyecto de Ley N° 4.860, la Ley N° 2.095 y sus modificatorias y el Expediente Electrónico N° 7.351.648-MGEYA-DGALE-2013, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 5 de  diciembre de 2013, sancionó el proyecto de Ley Nº 4.860, mediante el cual se sustituye el inciso 9° del artículo 7º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del cual se propicia la aplicación a la materia del principio de sustentabilidad;

 

Que a través de la Ley Nº 2.095 se establecen las normas básicas que contienen los  lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y se  regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;  

 

Que el artículo 7º de la precitada norma establece los principios generales que rigen las contrataciones y adquisiciones;

 

Que a través de la Ley Nº 4.764, de reciente sanción, se ha modificado en forma  parcial la Ley Nº 2.095, incorporándose en el artículo precitado, como uno de los  principios generales que rigen las compras y contrataciones, el de sustentabilidad  (inciso 9°), estableciendo la promoción gradual y progresiva de criterios ambientales,  éticos, sociales y económicos en las contrataciones públicas, y facultando al órgano  rector del sistema a recomendar criterios específicos y/o generales de sustentabilidad,  de conformidad con lo dispuesto por el inciso m) del artículo 18 de la norma citada en  último término;

 

Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, como Órgano Rector en la  materia, informa que la modificación introducida por la Ley Nº 4.764 encuentra fundamento en el principio de "Compras Públicas Sustentables", surgido a partir de la  Cumbre de Johannesburgo en el año 2002, que comprende la valoración de ofertas  considerando no sólo los beneficios económicos y sociales de las mismas, sino  también la minimización de su impacto ambiental, resultando así una previsión más  amplia, completa, precisa y actualizada que la contenida en el proyecto de Ley en  estudio;

 

Que el proyecto de Ley bajo examen pretendería modificar el citado principio de  sustentabilidad en contra de la idea de implementación progresiva que ella misma  promueve, en tanto exige contar con los estudios que permitan determinar la  existencia de materiales y tecnologías en el mercado local que reduzcan al mínimo los  impactos ambientales, así como mediciones sobre su impacto económico y social;  

 

Que, por otro lado, se debe evaluar que la previsión incluida respecto del deber de  considerar la máxima categoría de eficiencia energética disponible en cada producto a  adquirir, es una norma de imposible cumplimiento, dado que muchos productos que se  adquieren en el marco de la Ley N° 2.095 no cuentan con información en relación a la  eficiencia energética, muchos no son aparatos eléctrico - electrónicos y tampoco se  conoce en el mercado un análisis sobre el ciclo de vida del producto para poder  determinar con certeza cuál es el más eficiente;  

 

Que atendiendo a la dinámica propia de los procesos involucrados y a los constantes avances tecnológicos, dichos materiales no deberían precisarse en un principio  general estático, sino ser analizados, definidos y adecuados según necesidades y  circunstancias de manera progresiva, teniendo en consideración las recomendaciones  emitidas por el órgano rector;

 

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo  a vetar total o parcialmente un proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,  expresando sus fundamentos;

 

Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los  aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y  conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un  verdadero control de legalidad y razonabilidad;

 

Que, por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto  establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires.

 

Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,

 

EL JEFE DE GOBIERNO  DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  DECRETA

 

Artículo 1.- Vétase el Proyecto de Ley N° 4.860, sancionado por la Legislatura de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013.

 

Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Hacienda  y de Ambiente y Espacio Público, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

 

Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín p/p - Grindetti p/p

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