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Se exige la contratación del seguro ambiental para emprendimientos categorizados como de Alto Impacto Ambiental - NormasAmbientales.com Santa Cruz

Subsecretaría de Medio Ambiente

Disposición 366/2012

Se exige la contratación del seguro ambiental para emprendimientos categorizados como de Alto Impacto Ambiental


Publicada: 04/01/2012



VISTO:

 

Lo establecido por el Artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional Nº 25.675, las Resoluciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Nº 177/07, 303/07, 1639/07, 1398/08 y 481/11, las Resoluciones conjuntas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Secretaría de Finanzas Nº 12/07, 98/07, 178/07 y 1973/07, la Resolución Nº 35168 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Artículo 73 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz, la Ley Provincial Nº 2658, el Decreto Provincial Nº 07/2006, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Artículo 41 de la Constitución Nacional establece que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley;

 

Que, por su parte, la Ley General del Ambiente, Nº 25.675, en su Artículo 22 obliga a toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, a contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir;

 

Que, asimismo, la citada ley define al daño ambiental como toda alteración relevante que  modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos (Artículo 27) y establece en su Artículo 28 que quien ocasione un daño al ambiente será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción;

 

Que por presupuesto mínimo de protección ambiental debe entenderse el umbral básico de  protección que corresponde dictar a la nación y que rige en forma uniforme en todo el territorio nacional como piso inderogable que garantiza a todo habitante un umbral de defensa del ambiente, mas alla del sitio en que se encuentre;

 

Que a raíz de la legislación citada, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación así como la Secretaría de Finanzas de la Nación, con carácter de presupuestos mínimos de protección ambiental, dictaron varias resoluciones reglamentarias de distintas cuestiones relativas al seguro ambiental, con el objeto de propender a su implementación paulatina;

 

Que en ese marco se emitió la Resolución Nº 177/2007 (modificada por su similar Nº 303/07), que establece las normas operativas para la contratación de seguros previstos por el Artículo 22 de la Ley Nº 25.675; la Resolución Nº 178/2007 –conjunta con la Secretaría de Finanzas- por la cual se creó la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales;  la Resolución Nº 1639/2007, modificada por la Resolución SA y DS Nº 481/11, que determina los rubros comprendidos y la categorización de industrias y actividades de servicios según su nivel de complejidad ambiental, y sustituye los Anexos I y II de las Resoluciones 177/2007 y 303/2007; la Resolución Nº 98/2007 -conjunta con la Secretaría de Finanzas-, que aprueba las pautas básicas para las condiciones contractuales de las pólizas de seguro de daño ambiental de incidencia colectiva; y la Resolución N° 1398/2008, que estipula los montos mínimos asegurables de entidad suficiente;

 

Que la Superintendencia de Seguros de la Nación dictó oportunamente la Resolución Nº 35168, determinando que la aprobación de pólizas destinadas a la cobertura de los riesgos previstos en el Artículo 22 de la Ley N° 25.675 queda supeditada al otorgamiento previo de la Conformidad Ambiental por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación;

 

Que, con fundamento en la normativa antes citada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido requiriendo la efectiva constitución de seguros ambientales a través de sus más recientes pronunciamientos: Autos “MENDOZA, Beatriz Silvia y Otros c/ESTADO NACIONAL y Otros s/DAÑOS Y PERJUICIOS; daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo”, M 1596 XL, punto IV.3, del 23/7/2008; “ASOCIACION DE SUPERFICIARIOS DE LA PATAGONIA c/YPF S.A. y Otros s/ Daño Ambiental”, 1274 XXXIX del 13/7/2004;

 

Que, por su parte, la Constitución Provincial, en su Artículo 73, garantiza a toda persona el derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo personal y, a su vez, establece el deber del Estado y de los particulares de cuidar y preservar el ambiente y de explotar racionalmente los recursos naturales atendiendo al desarrollo sostenible;

 

Que la misma manda constitucional dispone que “El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley y se asegurarán estudios del impacto ambiental en los emprendimientos que se realicen.”;

 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución de Santa Cruz, la Ley Provincial N° 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental, establece los procedimientos técnicos administrativos destinados a identificar, interpretar y prevenir los efectos de corto y mediano plazo que actividades, proyectos, programas o emprendimientos públicos o privados puedan causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida y a la preservación de los recursos naturales, como asimismo al patrimonio cultural existente en la Provincia;

 

Que ello resulta necesario para encuadrar todas las actividades, proyectos, programas o emprendimientos susceptibles de modificar el ambiente, directa o indirectamente, en cualquiera de sus etapas de ejecución, desarrollados por toda persona en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz;

 

Que la citada ley dispone en su Artículo 29 que “Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir …”;

 

Que, por último, la Ley Nº 2658 determina, en su Artículo 31, que rige en forma supletoria, en cuanto fuere de aplicación, la Ley Nacional Nº 25.675 y su decreto reglamentario;

 

Que por su parte, el Decreto Nº 07/2006, reglamentario de la mencionada Ley Provincial, establece que “Toda persona física o jurídica proponente de un emprendimiento categorizado por la Autoridad de Aplicación en la Categoría 3 que se define en el presente Decreto, deberá presentar una póliza de seguro con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño ambiental, en función de la valoración económica de estos impactos. Dicha valoración se constituirá como contenido mínimo exigible para los estudios técnicos y auditorías ambientales de esta categoría, a partir de la entrada en vigencia el presente artículo. En caso de tratarse de actividades en funcionamiento, la presentación de la documentación que acredite la contratación de dicha póliza será requisito indispensable para el otorgamiento de una Declaratoria de Impacto Ambiental favorable a la continuidad de estas actividades. Para el caso de nuevos emprendimientos, dicha documentación deberá presentarse una vez obtenida la Declaratoria de Impacto Ambiental favorable a su ejecución, pero antes del inicio de las obras.” (Artículo 68);

 

Que, asimismo, el decreto mencionado faculta a la Autoridad de Aplicación a solicitar la adecuación de los montos declarados en la valoración económica de los impactos ambientales, en caso de considerarla inapropiada en función de las características o magnitud del daño estimado (Artículo 69);

 

Que, por el Artículo 9º de la misma norma, se definen como de Categoría 3, “De Alto Impacto Ambiental”, a aquellos proyectos que puedan presentar impactos ambientales negativos cualitativa o cuantitativamente significativos, contemple o no el proyecto medidas de prevención o mitigación; asimismo, cuando su funcionamiento constituya un riesgo potencial alto y en caso de emergencias descontroladas pueden llegar a ocasionar daños graves a las personas, al ambiente o a los bienes materiales, y determina que pertenecen a esa categoría las actividades o proyectos cuyo Nivel de Complejidad Ambiental sea mayor a 25 puntos;

 

Que, asimismo, establece su Artículo 12 que “Aquellas actividades o proyectos cuyo emplazamiento se encuentre dentro de las áreas definidas en el Mapa de Vulnerabilidad Ambiental que se presenta como Anexo V, serán categorizadas por la Autoridad de Aplicación como Categoría 3, independientemente de su Nivel de Complejidad Ambiental, a menos que ella determine lo contrario mediante acto administrativo correspondiente.”;

 

Que, por lo expuesto, a efectos de promover el cabal cumplimiento del marco jurídico vigente y en observancia del deber del Estado de velar por la protección del ambiente y el ejercicio del derecho al ambiente sano del que gozan todos los habitantes de este país impuesto por el Artículo 41 de la Constitución Nacional, es que resulta necesario el dictado de una norma que complemente y compatibilice las obligaciones nacionales con la normativa ambiental provincial relativa al seguro ambiental por daño ambiental de incidencia colectiva;

 

Que las únicas pólizas de dicho seguro que aceptará esta Subsecretaría de Medio Ambiente para el cumplimiento de la obligación serán aquéllas emitidas por las Compañías de Seguro que hayan sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con la previa Conformidad Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y que acrediten capacidad técnica operativa para realizar acciones de recomposición del ambiente dañado mediante contratos con empresas inscriptas en los Registros Nacional y Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos;

 

Que habiendo tomado vista de los antecedentes la Asesoría Letrada de este Organismo emitió el dictamen correspondiente;

 

Que el suscripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2658, Decreto Reglamentario Nº 007/06; Art. 73 de la Constitución Provincial, Art. 41 de la Constitución Nacional, normas concordantes y complementarias y Decreto Provincial Nº 974/98;

 

POR ELLO:

 

 EL SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE DISPONE

 

Artículo 1º: Establecer que, en cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 68 y 69 del Decreto Nº 07/2006 reglamentario de la Ley Nº 2658, a fin de obtener o renovar las respectivas Declaratorias de Impacto Ambiental (DIA), habilitaciones, permisos e inscripciones que otorga esta Subsecretaría de Medio Ambiente, los proponentes de emprendimientos categorizados de “Alto Impacto Ambiental” (Categoría 3), deberán acreditar ante esta Autoridad de Aplicación la contratación de una póliza de Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva aprobada en conformidad a lo establecido por el Artículo 22 de la Ley Nacional Nº 25.675, las resoluciones nacionales y normativa ambiental provincial que lo reglamentan.-

 

Artículo 2º: La misma obligación deberán cumplir los titulares de aquellos proyectos o establecimientos que esta Autoridad de Aplicación así se lo solicite en razón de consideraciones específicas, tales como vulnerabilidad del sitio de emplazamiento, antecedentes de desempeño ambiental, antigüedad y ubicación de depósitos de sustancias peligrosas u otros criterios de riesgo ambiental, en concordancia con la Res. Nº 481/11 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de las normas provinciales respectivas.-

 

Artículo Nº 3: Las pólizas de Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva que aceptará esta Subsecretaría de Medio Ambiente serán únicamente aquéllas emitidas por las Compañías de Seguros que hayan sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con la previa Conformidad Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y que acrediten capacidad técnica operativa para realizar acciones de recomposición del ambiente dañado mediante contratos con empresas inscriptas en los Registros Nacional y Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos.-

 

Artículo 4º: NOTIFIQUESE del contenido de la presente al Ministerio de Gobierno a cargo del despacho de la Jefatura de Gabinete de Ministros; entréguese copia al Tribunal de Cuentas; a sus efectos, dése a conocer en el Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-

 

Dr. SERGIO R. MEDINA

 

Subsecretario de Medio Ambiente

Provincia de Santa Cruz

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