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Se exige la contratación del seguro ambiental a ciertas actividades - NormasAmbientales.com Buenos Aires

Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental

Disposición 4059/2009

Se exige la contratación del seguro ambiental a ciertas actividades


Publicada: 18/09/2009



Visto el Expediente Nº 2145-25058/09 ALC 1, la ley nacional 25300  , la Ley Nacional de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios Nº 25612  , la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de los PCBs Nº 25670  , la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos Nº 25675  , la ley nacional 26168  , la resolución 24/2001 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Industria del Ministerio de Economía de la Nación y sus modificatorias, la Resolución Conjunta Nº 98/2007  y Nº 1973/2007 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la ley provincial 11720  de Residuos Especiales y su Decreto Reglamentario 806/1997  , los Decretos Nº 2472/2007 y Nº 23/2007  , y

 

Considerando:

 

Que el art. 41  de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

 

Que en el mismo sentido, el art. 28  de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dispone que en materia ecológica, se deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo.

 

Que la ley nacional 25675  prevé los mecanismos a aplicar para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño ambiental que se pudiere producir, definiendo al mismo como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos, de carácter obligatorio para toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos; determinando que quien ocasione un daño al ambiente, será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción, caso contrario contempla una indemnización sustitutiva.

 

Que asimismo la ley 25675  establece que la interpretación y aplicación de toda norma a través de la cual se ejecute la política ambiental, está sujeta al cumplimiento del principio de progresividad, que propugna el logro en forma gradual de los objetivos ambientales, de aplicación por imperativo constitucional y su condición de ley de orden público.

 

Que la Resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Nº 177  de fecha 19/2/2007, modificada por su similar Nº 303  del 9/3/2007, aprobó las normas reglamentarias del art. 22  de la ley 25675; la Resolución Conjunta Nº 178/2007 y Nº 12/2007 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, creó la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales; la resolución 1639/2007  de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable determinó los rubros comprendidos y la categorización de industrias y actividades de servicios según su nivel de complejidad ambiental, sustituyendo los Anexos I y II de las resoluciones Nº 177/2007  y Nº 303/2007  , la Resolución Conjunta Nº 98/2007  y Nº 1973/2007 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, fijó las pautas básicas para las condiciones contractuales de las pólizas de seguro de daño ambiental de incidencia colectiva; la resolución 1398/2008  de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, estableció los montos mínimos asegurables.

 

Que conforme dictaminara Asesoría General de Gobierno, este Organismo Provincial, en virtud de lo dispuesto por la ley 13757  , es autoridad competente a efectos de adoptar todas aquellas medidas tendientes a fiscalizar el cumplimiento de las previsiones del art. 22  de la ley 25675 en relación a las actividades consideradas riesgosas que se hallen encuadradas en los términos de la citada norma y de las disposiciones reglamentarias dictadas en su consecuencia.

 

Que consultada Contaduría General de la Provincia, se expidió en sentido similar a Asesoría General de Gobierno, al reconocer a este Organismo Provincial como autoridad competente en la materia, que ostenta el poder de policía y la jurisdicción provincial y resulta ser la autoridad de aplicación o autoridad competente en los términos de la Ley General del Ambiente Nº 25675  , de manera conjunta y concurrente con la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

 

Que la Superintendencia de Seguros de la Nación en su condición de autoridad de control de la ley nacional 20091  informó a este Organismo Provincial que se encuentran autorizadas a operar aquellas compañías inscriptas en el registro respectivo en calidad de aseguradoras con factibilidad y capacidad operativa para la recomposición ambiental, a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, cuya nómina adjunta.

 

Que en este contexto y a efectos de promover el cabal cumplimiento de la normativa citada se considera necesario el dictado de un acto administrativo que así lo disponga conforme los principios de política ambiental establecidos en la ley 25675  , estableciendo metas progresivas, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con este objetivo, atendiendo a la capacidad operativa de este Organismo.

 

Que en este sentido, en esta primera etapa y en primer término, se incluye a los establecimientos industriales instalados en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, a los que corresponde la Tercera Categoría conforme su Nivel de Complejidad Ambiental en los términos de la ley 11459  y su Reglamentación, localizados en los Municipios que integran las cuencas hidrográficas Matanza - Riachuelo y del Reconquista. Cabe destacar que la Cuenca Matanza-Riachuelo abarca catorce (14) municipios de la provincia de Buenos Aires mientras que la Cuenca del Río Reconquista, atraviesa dieciocho (18) municipios bonaerenses. Cuatro municipios integran ambas Cuencas.

 

Que con un territorio densamente poblado y, en parte también, altamente urbanizado e industrializado, con un perfil productivo que ha privilegiado emprendimientos de todo tipo, tales como textiles, frigoríficos, construcción, curtiembres, químicos, entre otros, las Cuencas Matanza-Riachuelo y del Río Reconquista y todo el territorio que las circundan, constituyen las áreas que, en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, presentan el mayor riesgo ambiental en función de los niveles de concentración de actividades, el nivel de complejidad ambiental que registran, la dimensión de los establecimientos instalados, el volumen y carácter de los residuos generados en las actividades productivas y/o de servicios que desarrollan conforme Decreto Nacional Nº 831/1993  , las externalidades negativas y la sensibilidad ambiental del entorno donde se encuentran radicados.

 

Que su extensión y estas circunstancias, sumadas a la alta densidad poblacional, en buena parte con grave riesgo social, han dado origen a legislación específica a nivel nacional y provincial para atender a los problemas acuciantes que esas zonas presentan (ley nacional 26168  ; en Provincia de Buenos Aires, decreto 554/1994 -UNIREC-, ley 12653  - COMIREC-), los cuales, en numerosas oportunidades han sido objeto de análisis por el Defensor del Pueblo de la Nación y, en ciertos casos, han derivado en intervenciones judiciales.

 

Que en segundo lugar, se ha considerado a los polos petroquímicos de Dock Sud, Ensenada y Bahía Blanca ponderando la magnitud de los establecimientos allí instalados y los potenciales riesgos asociados, es decir, riesgos tecnológicos, ante un eventual accidente químico ampliado y riesgo para el ambiente que la actividad realizada conlleva.

 

Que lo actuado encuentra sustento en el principio precautorio, receptado por la ley 25675  , toda vez que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente. En el caso, la medida procura -en forma prioritaria e integrada- prevenir los efectos negativos que pudieran ocasionar las actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos.

 

Que asimismo, la medida se funda en las previsiones de la ley 11723  , modificada por la ley 13516  , toda vez que es facultad del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley 11723  realizar, a través de las áreas con incumbencias específicas, las acciones conducentes para preservar el ambiente.

 

Que, por otra parte, en los permisos, habilitaciones y/o renovaciones que otorga esta Dirección Provincial con fundamento en la ley 11459  , su reglamentación y normas concordantes y la ley 5965  y su Decreto Reglamentario 3395/1996  en curso requeridos por personas físicas o jurídicas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por la Resolución Conjunta Nº 98/2007  y 1973/2007 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, incluidas en el Anexo Único de la presente, oportunamente se dispondrá el cumplimiento de lo dispuesto por el art. 22  de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos Nº 25675.

 

Que finalizada esta primera etapa, y en fases ulteriores programadas, se fijarán pautas para la acreditación del cumplimiento del art. 22  de la ley 25675 por los restantes establecimientos obligados, de conformidad con el principio de progresividad ya mencionado.

 

Que oportunamente la Coordinación Ejecutiva de Fiscalización Ambiental ha tomado intervención.

 

Que Asesoría General de Gobierno y Contaduría General de la Provincia han dictaminado favorablemente.

 

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el decreto 23/2007  .

 

Por ello,

 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, DISPONE:

 

Art. 1.– Requerir a las personas físicas o jurídicas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por la Resolución Conjunta Nº 98/2007  y Nº 1973/2007 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, incluidas en el Anexo Único de la presente, que acrediten el cumplimiento de lo dispuesto por el art. 22  de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos Nº 25675, a efectos de obtener permisos, habilitaciones y/o renovaciones con fundamento en la ley 11459  y su Decreto Reglamentario 1741/1996  y en la ley 5965  y su Decreto Reglamentario 3395/1996  .

 

Art. 2.– Informar que la presente medida se establece sin perjuicio de la intervención que corresponda a la Dirección Provincial de Residuos en los supuestos de presentación de declaraciones juradas anuales, conforme ley 11720  y legislación complementaria y decreto 23/2007  .

 

Art. 3.– Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.

 

Federico Jarsun Director Provincial De Evaluación De Impacto Ambiental

 

Anexo Único

 

Obligación del art. 22 de la ley 25675 - Acreditación de cumplimiento ante la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental

 

1- Establecimientos instalados en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires a los que corresponde la Tercera Categoría conforme su Nivel de Complejidad Ambiental en los términos de la ley 11459  y su Reglamentación, ubicados en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires que integran la Cuenca Matanza - Riachuelo y la Cuenca del Río Reconquista (individualizados conforme art. 2  de la ley nacional 26168 y art. 2 del Decreto Provincial Nº 2472/2007, respectivamente).

 

Los establecimientos individualizados en el párrafo precedente, que en el marco de las previsiones del art. 1  de la ley nacional 25300, registren un nivel máximo de ventas totales anuales conforme a los montos fijados por la resolución 24/2001 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Industria del Ministerio de Economía de la Nación y sus modificatorias (BO 20/2/2001), para las categorías microempresa, pequeña empresa y empresa mediana, serán incorporados al cronograma en fases ulteriores programadas, de conformidad con el principio de progresividad.

 

2 - Establecimientos comprendidos en el ap. 1 precedente, párr. 1, que en el marco de lo dispuesto por el art. 1  de la ley nacional 25300, registren un nivel máximo de ventas totales anuales conforme los montos fijados por la resolución 24/2001 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Industria del Ministerio de Economía de la Nación y sus modificatorias (BO 20/2/2001), para las categorías microempresa, pequeña empresa y mediana empresa que, con motivo del desarrollo de su actividad y/o servicios, se encuentren alcanzados por lo dispuesto por el art. 14  , puntos 3 y/o 5 del Decreto Nacional Nº 831/1993 y modificatorios y/o cuando el valor del Nivel de Complejidad Ambiental conforme art. 15  de la ley 11459, art. 9  del decreto 1741/1996 y ccdtes., es mayor o igual a 25,5 puntos.

 

3 - Establecimientos a los que corresponde la Tercera Categoría conforme su Nivel de Complejidad Ambiental en los términos de la ley 11459  y su Reglamentación, ubicados en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, en los Polos Petroquímicos de Dock Sud, Bahía Blanca y Ensenada.

 

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