Modificada por las normas: Ley 12677
Régimen de EIA para las actividades industriales - NormasAmbientales.com Buenos Aires

Legislatura Provincial

Ley 11459

Régimen de EIA para las actividades industriales

 

Texto Ordenado



Publicada: 10/12/1993



 El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de ley:

 

TÍTULO I:

 

CAPÍTULO I

  

Art. 1.– La presente ley será de aplicación a todas las industrias instaladas, que se instalen, amplíen o modifiquen sus establecimientos o explotaciones dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.

  

Art. 2.– A los fines de la presente ley se entenderá por establecimiento industrial a todo aquel donde se desarrolla un proceso tendiente a la conservación, reparación o transformación en su forma, esencia, calidad o cantidad de una materia prima o material para la obtención de un producto final mediante la utilización de métodos industriales.

  

Art. 3.– Todos los establecimientos industriales deberán contar con el pertinente Certificado de Aptitud Ambiental como requisito obligatorio indispensable para que las autoridades municipales puedan conceder, en uso de sus atribuciones legales, las correspondientes habilitaciones industriales.

 

El Certificado de Aptitud Ambiental será otorgado por la autoridad de aplicación, en los casos de establecimientos calificados de tercera categoría según el art. 15  , mientras que para los que sean calificados de primera y segunda categoría será otorgado por el propio municipio.

  

Art. 4.– Los parques industriales y toda otra forma de agrupación industrial que se constituya en la provincia además de las obligaciones que correspondan a cada establecimiento, deberán contar también con el Certificado de Aptitud Ambiental expedido en todos los casos por la Autoridad de Aplicación en forma previa a cualquier tipo de habilitación municipal o provincial. Esa Certificación acreditará la aptitud de la zona elegida y la adecuación del tipo de industrias que podrán instalarse en el parque o agrupamiento, según lo establezca la reglamentación; y el peticionante deberá presentar una Evaluación Ambiental en los términos que también se fijarán por vía reglamentaria. La misma obligación rige para la modificación o ampliación de los parques o agrupamientos existentes.

 

CAPÍTULO II:

TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS

 

Art. 5.– La presentación de la solicitud de los Certificados de Aptitud Ambiental deberá ajustarse a los requisitos consignados en la presente y su reglamentación y efectuarse ante el municipio personalmente o por intermedio de las Asociaciones de Industriales o Cámaras Empresarias del lugar, que tuvieren personería jurídica, las que remitirán toda la documentación a la municipalidad del partido correspondiente.

 

Todo proyecto presentado ante una asociación o cámara le da a ésta la facultad de realizar el seguimiento del expediente y realizar peticiones de trámite en representación del peticionante.

 

En caso de ser presentada la solicitud por intermedio de asociaciones de industriales o cámaras empresarias deberá entenderse que los procedimientos y plazos de la presente ley comenzarán a regir desde la presentación ante el municipio.

 

Art. 6.– La reglamentación precisará las normas con exigencias y procedimientos de trámite teniendo en cuenta las categorías del art. 15  ; fijará también pautas para la ubicación de los establecimientos en dichas categorías en base al nivel de complejidad y a las consecuencias ambientales y sanitarias posibles, y entre las normas de procedimiento establecerá los requisitos de las solicitudes para su rápida ubicación por categorías y para la recepción completa de la documentación.

 

El municipio del lugar de radicación, cuando recibiere una solicitud deberá dar traslado en no más de diez (10) días hábiles a la autoridad de aplicación para que proceda a su clasificación. Si a los quince (15) días de presentada la solicitud ésta no hubiese ingresado a la dependencia correspondiente de la autoridad de aplicación, el interesado podrá presentar directamente a ésta un duplicado con la documentación que establezca la reglamentación. En todos los casos la autoridad de aplicación deberá hacer la clasificación y, si correspondiere trasladar las solicitudes al municipio en un plazo que no podrá ser mayor a los veinte (20) días. De toda demora, el funcionario responsable deberá informar sobre los motivos al interesado y a sus superiores.

  

Art. 7.– El Certificado de Aptitud Ambiental será expedido por la autoridad de aplicación o el municipio, según corresponda, previa evaluación ambiental y de su impacto en la salud, seguridad y bienes del personal y población circundante. En particular la solicitud deberá acompañar los siguientes requisitos:

 

a) Memoria descriptiva donde se consignen los datos referidos a la actividad industrial a desarrollar, ingeniería de procesos, materias primas, insumos, productos a elaborar, subproductos, residuos, emisiones y efluentes a generar y estimación del personal a emplear.

 

b) Proyecto de planta industrial con indicación de instalaciones mecánicas, eléctricas y de todo equipo y materiales que pueda afectar la seguridad o salubridad del personal o población, así como también las medidas de seguridad respectivas.

 

c) Adecuado tratamiento y destino de los residuos sólidos, líquidos, semisólidos y gaseosos, que se generen inevitablemente.

 

d) Ubicación del establecimiento en zona apta y caracterización del ambiente circundante.

 

e) Informe de factibilidad de provisión de agua potable, gas y energía eléctrica.

 

f) Elementos e instalaciones para la seguridad y la preservación de la salud del personal, como así para la prevención de accidentes, según lo establezca la reglamentación en función de la cantidad de personal y el grado de complejidad y peligrosidad de la actividad industrial a desarrollar.

 

g) Toda otra norma que establezca la reglamentación con el objeto de preservar la seguridad y salud del personal, de la población circundante y del medio ambiente.

  

Art. 8.– Una vez ingresada una solicitud de Certificado de Aptitud Ambiental en dependencias de la autoridad de aplicación o en el municipio en su caso, la decisión definitiva deberá adoptarse en un plazo de noventa (90) días para los establecimientos de tercera categoría y de cuarenta y cinco (45) días para los de primera y segunda categoría. Si al vencimiento de dichos plazos no hubiese pronunciamiento, el funcionario responsable deberá informar al interesado y a sus superiores jerárquicos sobre los motivos de la demora; y si transcurrieron sesenta (60) días más desde el vencimiento de los plazos establecidos y mediare pedido de pronto despacho sin satisfacer, el Certificado de Aptitud Ambiental se considerará automáticamente concedido cualquiera sea la categoría que corresponda a la solicitud.

 

Art. 9.– En los Certificados de Aptitud Ambiental se hará constar:

 

a) Nombre del titular.

 

b) Ubicación del establecimiento.

 

c) Rubro de la actividad según el registro respectivo.

 

Art. 10.– Los establecimientos industriales ya instalados que deseen realizar ampliaciones, modificaciones, o cambios en sus modificaciones o cambios en sus edificios, ambientes o instalaciones deberán solicitar el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental en forma previa a la correspondiente habilitación industrial. La solicitud deberá presentarse conforme a las prescripciones de la presente ley y su reglamentación y se presentará ante el Municipio para procederse conforme a lo establecido en la segunda parte del art. 6  , con las condiciones y plazos allí establecidos. Regirán las mismas normas para el tratamiento de la solicitud de certificados que se establecen respecto de las industrias a instalarse, con excepción de los plazos del art. 8  que para resolver serán de sesenta (60) días para los de tercera categoría y de treinta (30) días para los de primera y segunda categoría, mientras que el plazo complementario de certificación automática se reduce a la mitad.

  

Art. 11.– Una vez obtenido el Certificado de Aptitud Ambiental, cuya validez será de dos (2) años, podrán iniciarse los trabajos de instalación o modificación del establecimiento, que hayan sido autorizados. Cuando se inicie la actividad productiva o se incorporen a ella las modificaciones o ampliaciones, el titular del establecimiento deberá comunicarlo por medio fehaciente al municipio y a la autoridad de aplicación en un plazo no mayor de quince (15) días.

 

El Certificado de Aptitud Ambiental perfeccionado con la comunicación del comienzo de la actividad, permite el funcionamiento en regla del establecimiento, pero los funcionarios competentes están obligados a verificar que dicho funcionamiento se ajusta a lo autorizado y a las prescripciones de la presente ley en un plazo razonable que establecerá la reglamentación. Esa obligación regirá sin perjuicio del deber permanente de verificar que no se alteren las condiciones de las autorizaciones concedidas, y que en general se cumplan las prescripciones de la presente ley en todo el territorio provincial.

 

Art. 12.– Las solicitudes que impliquen solamente cambios de titularidad, serán aprobadas sin más trámite que la presentación de la documentación que acredite tal circunstancia. El nuevo titular, a los efectos de esta ley, será considerado sucesor individual de su antecesor en el ejercicio pleno de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.

 

Art. 13.– La autoridad de aplicación deberá llevar un Registro Especial de los Certificados de Aptitud Ambiental.

  

Art. 14.– Los interesados podrán efectuar una consulta previa de factibilidad de radicación industrial ante el Municipio a cuyo fin deberán cumplimentar con los recaudos que establecerá la reglamentación para tales casos. La respuesta deberá producirse en el término de diez (10) días para los establecimientos de primera y segunda categoría y de veinte (20) días para los de tercera categoría y su validez queda limitada al término de ciento ochenta (180) días corridos, transcurridos los cuales caducará.

 

CAPÍTULO III:

CLASIFICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS

  

Art. 15.– A los fines previstos en los artículos precedentes y de acuerdo a la índole del material que manipulen, elaboren o almacenen, a la calidad o cantidad de sus efluentes, al medio ambiente circundante y a las características de su funcionamiento e instalaciones, los establecimientos industriales se clasificarán en tres (3) categorías:

 

a) Primera categoría, que incluirá aquellos establecimientos que se consideran inocuos porque su funcionamiento no constituye riesgo o molestia a la seguridad, salubridad o higiene de la población, ni ocasiona daños a sus bienes materiales ni al medio ambiente.

 

b) Segunda categoría, que incluirá aquellos establecimientos que se consideran incómodos porque su funcionamiento constituye una molestia para la salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente.

 

c) Tercera categoría, que incluirá aquellos establecimientos que se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente.

 

Art. 16.- Los establecimientos pertenecientes a la primera categoría que empleen menos de cinco (5) personas como dotación total, incluyendo a todas las categorías laborales y a los propietarios, y que dispongan de una capacidad de generación inferior a los quince (15) HP, si bien deberán ajustarse a las exigencias de la presente ley, estarán exceptuadas de obtener la propia Aptitud Ambiental y podrán solicitar la habilitación industrial con sólo brindar un informe bajo declaración jurada de las condiciones de su ubicación y características de su funcionamiento en orden a no afectar al medio ambiente, al personal y a la población.

 

CAPÍTULO IV:

SANCIONES

  

Art. 17.– Todo incumplimiento o transgresión de la presente ley, hará pasible a sus responsables de la aplicación de las siguientes sanciones:

 

a) Apercibimiento.

 

b) Multas de hasta mil (1.000) sueldos básicos de la categoría inicial para los empleados de la Administración Pública provincial. Dicho tope podrá duplicarse, triplicarse, y así sucesivamente para la primera, segunda y sucesivas reincidencias.

 

c) Clausura.

 

Art. 18.- El decreto reglamentario realizará una clasificación de infracciones y fijará pautas para la graduación de las sanciones, en función de la culpa, dolo, tamaño del establecimiento e importancia del daño causado.

 

Art. 19.– La sanción de clausura podrá ser total o parcial y temporaria o definitiva y procederá cuando la gravedad de la infracción lo justifique y sólo en los casos de reincidencia o imposibilidad de adecuación técnica a los requerimientos legales.

 

Art. 20.– La clausura de un establecimiento, procederá en forma temporaria, total o parcialmente, como medida preventiva, cuando el establecimiento no cuente con Certificado de Aptitud Ambiental o cuando la situación sea de tal gravedad que así lo aconseje.

  

Art. 21.– La clausura temporaria, como medida preventiva, podrá ser aplicada por personal municipal o provincial debidamente facultado para ello. Dicha medida podrá ser recurrida por el interesado ante la autoridad de aplicación que resolverá en definitiva. Este recurso no tendrá efecto suspensivo.

 

Art. 22.– El juzgamiento de las infracciones estará a cargo de la autoridad de aplicación, pero ésta podrá delegar esa facultad en los municipios para los casos de su jurisdicción que correspondieren a establecimientos de primera y segunda categoría.

  

Art. 23.– El Certificado de Aptitud Ambiental cuando haya sido concedido por el mero vencimiento de los términos del art. 8 podrá ser revocado sin más sustanciación, dentro del plazo que fijará la reglamentación por imperio del segundo párrafo del art. 11, si una inspección arrojara elementos suficientes para la adopción de esa medida a juicio de la autoridad de aplicación o del municipio según la categoría.

 

CAPÍTULO V:

DE LOS RECURSOS

  

Art. 24.– Cuando se apliquen multas como consecuencias de infracciones verificadas por las autoridades comunales, los respectivos municipios tendrán una participación del cincuenta por ciento (50%) de los fondos que se recauden y percibirán el total si aplicaran las sanciones por delegación de la autoridad de aplicación.

  

Art. 25.– (Según art. 94 ley 14199) Por el concepto de habilitación sanitaria Aptitud Ambiental exigida por la presente ley se abonará una tasa especial cuyo monto, en el caso de establecimientos de tercera categoría, será fijada por la Ley impositiva. Los fondos que ingresen exclusivamente por aplicación de dicha tasa lo harán a una cuenta especial en la Jurisdicción de la Autoridad de Aplicación y será destinados como recursos de la mencionada Autoridad. Los fondos que ingresaren en concepto de multa se destinarán a Rentas Generales.

 

CAPÍTULO VI:

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

  

Art. 26.– La autoridad de aplicación de la presente ley en función de los fines y la materia que trata, será determinada por el Poder Ejecutivo. La autoridad de aplicación realizará una permanente fiscalización del cumplimiento de la presente ley y coordinará con los municipios las tareas de contralor, pudiendo delegarlas totalmente dentro de sus jurisdicciones para los casos de primera y segunda categoría.

  

Art. 27.– Los agentes o funcionarios de la Administración Pública provincial o municipal que efectúen tareas de contralor tendrán acceso a los establecimientos industriales instalados en la provincia de Buenos Aires y se encuentran facultados para:

 

1. Requerir del titular del establecimiento o cualquiera de sus dependientes, la documentación legal referente a la industria, en cuanto hace a la aptitud ambiental y habilitación de la misma.

 

2. Requerir del titular del establecimiento o cualquiera de sus dependientes, la información que considere pertinente en cuanto a su misión específica.

 

3. Revisar el estado de los edificios, sus instalaciones y maquinarias en lo que hace a seguridad, higiene, tratamiento de efluentes, contaminación del medio ambiente o cualquier otro fin pertinente para el cumplimiento de su función.

 

4. Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando se le impida el acceso o niegue la información correspondiente. Las actas labradas por los inspectores darán fe pública respecto de su contenido, las que llevarán la firma del inspeccionado o la constancia de que se niega a hacerlo.

 

CAPÍTULO VII:

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

  

Art. 28.– Las solicitudes de Certificados de Aptitud Ambiental que estuvieren en trámite serán clasificadas por la autoridad de aplicación. Si se encontraren en los municipios, éstos harán el traslado correspondiente conforme a las prescripciones y plazos del art. 6  , y una vez reasignados los expedientes según su categoría se deberá notificar al interesado para que complete la documentación si fuere necesario. Cuando queda completada la documentación se aplicarán las prescripciones del art. 8  , pero los plazos serán el doble de los allí establecidos. La reglamentación podrá establecer normas especiales para este artículo que se aplicarán por solo una vez, las que en tal caso regirán por igual para todas las solicitudes en trámite según su categoría.

  

Art. 29.– Todo establecimiento industrial que al entrar en vigencia la reglamentación de la presente ley estuviera funcionando sin las certificaciones y habilitaciones requeridas por la legislación vigente a la fecha de su instalación tendrá un plazo de un (1) año para su presentación espontánea a contar desde que comience a regir el decreto reglamentario respectivo. Este plazo podrá tener una prórroga de hasta un (1) año más si el peticionante justifica su necesidad por la índole de los trabajos destinados a poner en regla el establecimiento y si la autoridad de aplicación lo autoriza.

 

Mediante dicha presentación podrá acogerse a la presente ley, pero si no lo hiciere en tiempo y forma será pasible de la sanción que aplicará la autoridad de aplicación o municipio por delegación de aquélla. La reglamentación precisará las condiciones de presentación, de delegación en las autoridades municipales, los procedimientos y la graduación de sanciones.

 

Art. 30.– La autoridad de aplicación deberá publicar mensualmente en el Boletín Oficial las radicaciones autorizadas y denegadas.

  

Art. 31.– La presente ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación.

  

Art. 32.– La presente ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo en el plazo de noventa (90) días de su publicación.

 

Art. 33.– Derógase el decreto ley 7229/1966 y toda otra norma que se oponga a la presente.

 

Art. 34.– Comuníquese, etc.

 

Mercuri - Alegre - Isasi - Landau

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