Modificada por las normas: Decreto 2413/2002
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Congreso de la Nación

Ley 25675

Ley General del Ambiente


Publicada: 27/11/2002



El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley:

 

LEY GENERAL DEL AMBIENTE

 

BIEN JURÍDICAMENTE PROTEGIDO

 

Art. 1.– La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.

 

Art. 2.– La política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objetivos:

 

a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas;

 

b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria;

 

c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión;

 

d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales;

 

e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;

 

f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica;

 

g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;

 

h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal;

 

i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma;

 

j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional;

 

k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.

 

 

Art. 3.– La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta.

 

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL

 

Art. 4.– La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política Ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios:

 

- Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.

 

- Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.

 

- Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.

 

- Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.

 

- Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.

 

- Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.

 

- Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales.

 

- Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras.

 

- Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos.

 

- Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional, El trata miento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta.

 

Art. 5.– Los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley.

 

PRESUPUESTO MÍNIMO

 

Art. 6.– Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el art. 41 de la Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable.

 

COMPETENCIA JUDICIAL

 

Art. 7.– La aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas.

 

En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal.

 

INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA Y LA GESTIÓN AMBIENTAL

 

Art. 8.– Los instrumentos de la política y la gestión ambiental serán los siguientes:

 

1. El ordenamiento ambiental del territorio.

 

2. La evaluación de impacto ambiental.

 

3. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas.

 

4. La educación ambiental.

 

5. El sistema de diagnóstico e información ambiental.

 

6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.

 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL

 

Art. 9.– El ordenamiento ambiental desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio de la Nación y se generan mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las provincias, y de éstas y la ciudad de Buenos Aires con la Nación, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (Co.Fe.Ma.); el mismo deberá considerar la concertación de intereses de los distintos sectores de la sociedad entre sí, y de éstos con la administración pública.

 

Art. 10.– El proceso de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la participación social, en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable.

 

Asimismo, en la localización de las distintas actividades antrópicas y en el desarrollo de asentamientos humanos, se deberá considerar, en forma prioritaria:

 

a) La vocación de cada zona o región, en función de los recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica;

 

b) La distribución de la población y sus características particulares;

 

c) La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas;

 

d) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales;

 

e) La conservación y protección de ecosistemas significativos.

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

 

Art. 11.– Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución.

 

Art. 12.– Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados.

 

Art. 13.– Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL

 

Art. 14.– La educación ambiental constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población.

 

Art. 15.– La educación ambiental constituirá un proceso continuo y permanente, sometido a constante actualización que, como resultado de la orientación y articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas, deberá facilitar la percepción integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental,

 

Las autoridades competentes deberán coordinar con los consejos federales de Medio Ambiente (Co.Fe.Ma.) y de Cultura y Educación, la implementación de planes y programas en los sistemas de educación, formal y no formal.

 

Las jurisdicciones, en función de los contenidos básicos determinados, instrumentarán los respectivos programas o currículos a través de las normas pertinentes.

 

INFORMACIÓN AMBIENTAL

 

Art. 16.– Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan.

 

Todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada.

 

Art. 17.– La autoridad de aplicación deberá desarrollar un sistema nacional integrado de información que administre los datos significativos y relevantes del ambiente, y evalúe la información ambiental disponible; asimismo, deberá proyectar y mantener un sistema de toma de datos sobre los parámetros ambientales básicos, estableciendo los mecanismos necesarios para la instrumentación efectiva a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (Co.Fe.Ma.).

 

Art. 18.– Las autoridades serán responsables de informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas.

 

El Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, elaborará un informe anual sobre la situación ambiental del país que presentará al Congreso de la Nación. El referido informe contendrá un análisis y evaluación sobre el estado de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico, social y cultural de todo el territorio nacional.

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 

Art. 19.– Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general.

 

Art. 20.– Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente.

 

La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública.

 

Art. 21.– La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados.

 

SEGURO AMBIENTAL Y FONDO DE RESTAURACIÓN

 

Art. 22.– Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.

 

SISTEMA FEDERAL AMBIENTAL

 

Art. 23.– Se establece el Sistema Federal Ambiental con el objeto de desarrollar la coordinación de la política ambiental, tendiente al logro del desarrollo sustentable, entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo será instrumentado a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (Co.Fe.Ma.).

 

Art. 24.– El Poder Ejecutivo propondrá a la asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente el dictado de recomendaciones o de resoluciones, según corresponda, de conformidad con el acta constitutiva de ese organismo federal, para la adecuada vigencia y aplicación efectiva de las leyes de presupuestos mínimos, las complementarias provinciales, y sus reglamentaciones en las distintas jurisdicciones.

 

RATIFICACIÓN DE ACUERDOS FEDERALES

 

Art. 25.– Se ratifican los siguientes acuerdos federales:

 

1. Acta constitutiva del Consejo Federal de Medio Ambiente (Co.Fe.Ma.), suscrita el 31 de agosto de 1990, en la ciudad de La Rioja, cuyo texto integra la presente ley como anexo I.

 

2. Pacto Federal Ambiental, suscrito el 5 de junio de 1993, en la ciudad de Buenos Aires, cuyo texto integra la presente ley como anexo II.

 

AUTOGESTIÓN

 

Art. 26.– Las autoridades competentes establecerán medidas tendientes a:

 

a) La instrumentación de sistemas de protección de la calidad ambiental que estén elaborados por los responsables de actividades productivas riesgosas;

 

b) La implementación de compromisos voluntarios y la autorregulación que se ejecuta a través de políticas y programas de gestión ambiental;

 

c) La adopción de medidas de promoción e incentivos. Además, se deberán tener en cuenta los mecanismos de certificación realizados por organismos independientes, debidamente acreditados y autorizados.

 

DAÑO AMBIENTAL

 

Art. 27.– El presente capítulo establece las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva. Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos.

 

Art. 28.– El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder.

 

Art. 29.– La exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

 

La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es independiente de la administrativa. Se presume “iuris tantum” la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existen infracciones a las normas ambientales administrativas.

 

Art. 30.– Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el art. 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción.

 

Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros.

 

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo.

 

Art. 31.– Si en la comisión del daño ambiental colectivo, hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable.

 

En el caso de que el daño sea producido por personas jurídicas la responsabilidad se haga extensiva a sus autoridades y profesionales, en la medida de su participación.

 

Art. 32.– La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. Asimismo, en su sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente su consideración por las partes.

 

En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte.

 

Art. 33.– Los dictámenes emitidos por organismos del Estado sobre daño ambiental, agregados al proceso, tendrán la fuerza probatoria de los informes periciales, sin perjuicio del derecho de las partes a su impugnación.

 

La sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto “erga omnes”, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias.

 

DEL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL

 

Art. 34.– Créase el Fondo de Compensación Ambiental que será administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción y estará destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención de emergencias ambientales; asimismo, a la protección, preservación, conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente.

 

Las autoridades podrán determinar que dicho fondo contribuya a sustentar los costos de las acciones de restauración que puedan minimizar el daño generado.

 

 La integración, composición, administración y destino de dicho fondo serán tratados por ley especial.

 

Art. 35.– Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

Camaño - Maqueda - Rollano - Oyarzún

 

Anexo I

 

ACTA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE

 

Las altas partes signatarias:

 

Declaran:

 

Reconociendo:

 

Que la preservación y conservación del ambiente en el territorio del país requiere para el mejoramiento de la calidad de vida una política coordinada y participativa, en virtud de que el sistema ambiental es una complejidad que trasciende las fronteras políticas provinciales.

 

Que el federalismo es un sistema político de distribución territorial de las competencias que puede resolver con eficacia la administración local de los problemas ambientales.

 

Que resulta igualmente apto para generar una política ambiental de integración entre las provincias y el gobierno federal.

 

Que nos hallamos frente a un problema de carácter universal que constituye uno de los grandes desafíos que enfrenta la comunidad internacional.

 

Considerando:

 

Que el ambiente es un patrimonio común de la sociedad y que de su equilibrio depende la vida y las posibilidades de desarrollo del país.

 

Que la coordinación entre los distintos niveles gubernativos y sociales son indispensables para la eficacia de las acciones ambientales.

 

Que los recursos ambientales deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima y sostenida, con equilibrio e integridad.

 

Que la difusión de tecnologías apropiadas para el manejo del medio ambiente, la información ambiental y la formación de una conciencia pública sobre la preservación del entorno son esenciales en la formulación de la política ambiental.

 

Por ello,

 

Los Estados signatarios acuerdan lo siguiente:

 

CREACIÓN, OBJETO Y CONSTITUCIÓN

 

Art. 1.- Créase el Consejo Federal de Medio Ambiente (Co.Fe.Ma.) como organismo permanente para la concertación y elaboración de una política ambiental coordinada entre los Estados miembros.

 

Art. 2.- El Co.Fe.Ma. tendrá los siguientes objetivos:

 

1. Formular una política ambiental integral, tanto en lo preventivo como en lo correctivo, en base a los diagnósticos correspondientes, teniendo en consideración las escalas locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales.

 

2. Coordinar estrategias y programas de gestión regionales en el medio ambiente, propiciando políticas de concertación como modo permanente de accionar, con todos los sectores de la Nación involucrados en la problemática ambiental.

 

3. Formular políticas de utilización conservante de los recursos del medio ambiente.

 

4. Promover la planificación del crecimiento y desarrollo económico con equidad social en armonía con el medio ambiente.

 

5. Difundir el concepto de que la responsabilidad en la protección y/o preservación del ambiente debe ser compartida entre la comunidad y el Estado.

 

6. Promover el ordenamiento administrativo para la estrategia y gestión ambiental en la Nación, provincias y municipios.

 

7. Exigir y controlar la realización de estudios de impacto ambiental, en emprendimientos de efectos interjurisdiccionales, nacionales e internacionales.

 

8. Propiciar programas y acciones de educación ambiental, tanto en el sistema educativo formal como en el informal, tendientes a elevar la calidad de vida de la población.

 

9. Fijar y actualizar los niveles exigidos de calidad ambiental y realizar estudios comparativos, propiciando la unificación de variables y metodologías para el monitoreo de los recursos ambientales en todo el territorio nacional.

 

10. Constituir un banco de datos y proyectos ambientales.

 

11. Gestionar el financiamiento internacional de proyectos ambientales.

 

Art. 3.- El Co.Fe.Ma. será una persona jurídica de derecho público constituida por los Estados que lo ratifiquen, el Gobierno federal y las provincias que adhieran con posterioridad y la Ciudad de Buenos Aires.

 

Art. 4.- Los estados partes se obligan a adoptar a través del poder que corresponda las reglamentaciones y normas generales que resuelva la asamblea cuando se expida en forma de resolución.

 

En caso de incumplimiento o de negatoria expresa, la asamblea en la reunión ordinaria inmediata, considerará las alternativas de adecuación al régimen general que presentare el estado miembro o la secretaría ejecutiva.

 

COMPOSICIÓN DEL CO.FE.MA.

 

Art. 5.- El Co.Fe.Ma. estará integrado por la asamblea. La S ecretaría Ejecutiva y la Secretaría Administrativa.

 

DE LA ASAMBLEA

 

Art. 6.- La asamblea es el órgano superior del Consejo con facultad de decisión, y como tal, es la encargada de fijar la política general y la acción que éste debe seguir.

 

Estará integrada por un ministro o funcionario representante titular o por su suplente, designados expresamente por el Poder o Departamento o ejecutivo de los Estados miembros.

 

Art. 7.- La asamblea elegirá entre sus miembros presentes por una mayoría de dos tercios de sus votos, un presidente que durará en sus funciones hasta la sesión de la próxima asamblea ordinaria.

 

Art. 8.- Las asambleas serán ordinarias y extraordinarias.

 

Las ordinarias se reunirán dos veces al año en el lugar y fecha que indique la asamblea anterior.

 

Las extraordinarias se convocarán a pedido de una tercera parte de los miembros del Consejo o por la secretaría ejecutiva.

 

Art. 9.- La asamblea se expedirá en forma de:

 

a) Recomendación: determinación que no tendrá efecto vinculante para los estados miembros.

 

b) Resolución: decisión con efecto vinculante para los estados miembros.

 

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA

 

Art. 10.- Serán atribuciones de la asamblea:

 

a) Dictar el reglamento de funcionamiento del Consejo.

 

b) Establecer y adoptar todas las medidas y normas generales para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el art. 2.

 

c) Proponer los aportes que deberán realizar los estados miembros para el sostenimiento del organismo.

 

d) Aprobar el proyecto de presupuesto anual del consejo que deberá presentar la secretaría ejecutiva.

 

e) Dictar las normas para la designación del personal.

 

f) Crear las comisiones y consejos asesores necesarios para el cumplimiento de sus fines.

 

g) Aprobar anualmente un informe ambiental elaborado por la secretaría ejecutiva y que será difundido en los Estados miembros.

 

h) Evaluar la gestión de la Secretaría Ejecutiva.

 

QUÓRUM Y VOTACIÓN

 

Art. 11.- La asamblea deberá sesionar con un quórum formado por la mitad de los miembros del Consejo.

 

Art. 12.- Cada miembro de la asamblea tendrá derecho a un voto.

 

Art. 13.- Las decisiones de la asamblea serán tomadas por el voto de la mitad más uno de sus miembros presentes, salvo cuando se estipule una mayoría superior.

 

Art. 14.- La secretaría ejecutiva presidida por el presidente de la asamblea será el órgano ejecutivo y de control. Expedirá las instrucciones necesarias para el cumplimiento de estas resoluciones, indicando en el informe pertinente, que elevará a la asamblea ordinaria, las dificultades y alternativas que crea oportunas.

 

Art. 15.- La secretaría ejecutiva estará formada por un delegado de cada una de las regiones en que la asamblea resuelva dividir el país.

 

La representación será anual y rotativa entre los miembros que formen cada región.

 

Art. 16.- La secretaría ejecutiva comunicará fehacientemente la convocatoria a asamblea, con una antelación de no menos de diez días y debiendo incluirse el orden del día de la misma.

 

Art. 17.- La secretaría ejecutiva promoverá la concertación de acuerdos entre los Estados miembros a fin de integrar las jurisdicciones.

 

DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

 

Art. 18.- La Secretaría Administrativa será designada y organizada por la asamblea ordinaria.

 

Art. 19.- Sus funciones serán la gestión administrativa y presupuestaria del organismo.

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

 

Art. 20.- El presente acuerdo será ratificado por los miembros de conformidad con sus respectivos procedimientos legales.

 

No se adquirirá la calidad de miembro hasta que este procedimiento se haya concluido.

 

Art. 21.- La ratificación y adhesiones posteriores deberán contener la aceptación o rechazo liso y llano del mismo, sin introducir modificaciones.

 

Art. 22.- Las ratificaciones y adhesiones serán entregadas a la secretaría administrativa, la cual notificará su recepción a todos los miembros.

 

Art. 23.- La sede del Co.Fe.Ma. estará constituida en la jurisdicción que representa el presidente de la asamblea.

 

Art. 24.- Para la modificación de la presente acta se requerirá el voto de las dos terceras partes de los Estados miembros.

 

Art. 25.- El presente acuerdo podrá ser denunciado por los miembros del Co.Fe.Ma. con un aviso previo de noventa días y será comunicado, en forma fehaciente, al presidente de la asamblea, quedando excluido, desde entonces, de los alcances del mismo.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

Art. 26.- La secretaría administrativa corresponderá hasta su constitución definitiva al representante de la provincia de La Rioja.

 

Art. 27.- El Co.Fe.Ma. comenzará a funcionar a los noventa días corridos, contados desde la fecha de la asamblea constitutiva, siempre que durante ese lapso haya sido ratificado este acuerdo, o han adherido, al menos siete jurisdicciones, o después de esa fecha, si este número de miembros se alcanzase.

 

Art. 28.- Los firmantes de la presente acta, quienes actúan “ad referendum” de los poderes provinciales representan a las siguientes jurisdicciones: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, La Rioja, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán. Firmado: Dra. Cristina Maiztegui, asesora de la Comisión Interministerial de Política Ambiental, Asesoría General de Gobierno, provincia de Buenos Aires: Arq. Julia Mercedes Corpacci, directora de Medio Ambiente, provincia de Catamarca; Ing. Daniel Esteban Di Giusto, subsecretario de Gestión Ambiental, provincia de Córdoba, Emilio Eduardo Díaz, subsecretario de Recursos Naturales y Ecología, provincia de Formosa; Arq. Mauro Nicolás Bazán, director general de Gestión Ambiental, provincia de La Rioja; Arq. Ricardo Jílek, director general de Medio Ambiente, provincia de Mendoza; Lic. Alberto Morán, subsecretario de Medio Ambiente, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; Lic. Janett S. De Yankelevich, directora general de Gestión Ambiental, provincia del Neuquén; Arq. Sergio Perota, miembro del Consejo Provincial de Medio Ambiente, provincia de Salta; Lic. Federico Ozollo, asesor del Ministerio de Acción Social y Salud Pública, provincia de San Juan; Ing. Jorge Alberto Hammerly, director general de Saneamiento Ambiental; Ing. Julio Oscar Graieb, director general de Saneamiento Ambiental, provincia de Tucumán. Previa lectura y ratificación se firman doce (12) ejemplares de un mismo tenor a sus efectos, en la ciudad de La Rioja a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 1990.

 

Anexo II

 

PACTO FEDERAL AMBIENTAL

 

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los cinco días del mes de julio del año mil novecientos noventa y tres.

 

En presencia del presidente de la Nación, Dr. Carlos Saúl Menem, ministro del Interior, Dr. Gustavo Beliz, la secretaria de Estado de Recursos Naturales y Ambiente Humano y los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, y el intendente de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Las autoridades signatarias declaran:

 

Considerando:

 

Que la preservación, conservación mejoramiento y recuperación del ambiente son objetivos de acciones inminentes que han adquirido dramática actualidad, desde el momento en que se ha tomado conciencia de que el desarrollo económico no puede estar desligado de la protección ambiental.

 

Que esta situación compromete, no sólo a todos los estratos gubernamentales de la República, sino también, a cada uno de los ciudadanos, cualquiera sea su condición social o función.

 

Que la voluntad reflejada en el Pacto Federal firmado en la ciudad de Luján, el 24 de mayo de 1990, y los compromisos contraídos ante el mundo en la C.N.U.M.A.D. 92, hace indispensable crear los mecanismos federales que la Constitución Nacional contempla y, en cumplimiento de ese compromiso, resulta oportuno reafirmar el espíritu y la acción federal en materia de recursos naturales y medio ambiente.

 

En consecuencia,

 

La Nación y las provincias aquí representadas acuerdan:

 

I. El objetivo del presente acuerdo es promover políticas ambientalmente adecuadas en todo el territorio nacional, estableciendo acuerdos marcos entre los Estados federales y entre estos y la Nación, que agilicen y den mayor eficiencia a la preservación del ambiente teniendo como referencia a los postulados del Programa 21 aprobado en la C.N.U.M.A.D. 1992.

 

II. Promover a nivel provincial la unificación y/o coordinación de todos los organismos que se relacionen con la temática ambiental, concentrando en el máximo nivel posible la fijación de las políticas de recursos naturales y medio ambiente.

 

III. Los Estados signatarios reconocen al Consejo Federal de Medio Ambiente como un instrumento válido para la coordinación de la política ambiental en la República Argentina.

 

IV. Los Estados signatarios se comprometen a compatibilizar e instrumentar en sus jurisdicciones la legislación ambiental.

 

V. En materia de desarrollo de una conciencia ambiental, los Estados signatarios se comprometen a impulsar y adoptar políticas de educación, investigación científico-tecnológica, capacitación, formación y participación comunitaria que conduzcan a la protección y preservación del ambiente.

 

VI. Los gobernadores propondrán ante sus respectivas legislaturas provinciales la ratificación por ley del presente acuerdo, si correspondiere.

 

VII. El Estado nacional designa ante el Consejo Federal de Medio Ambiente, para la implementación de las acciones a desarrollarse a efectos de cumplimentar los principios contenidos en este acuerdo, a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación.

 

(*) Lo resaltado en negrita ha sido observado por decreto 2413/2002.

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