Modificada por las normas: Resolución 186/2012
Requerimiento de contratar seguro ambiental para actividades industriales - NormasAmbientales.com Buenos Aires

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible

Resolución 165/2010

Requerimiento de contratar seguro ambiental para actividades industriales


Publicada: 19/05/2010



Visto el expediente Nº 2145-25058/09 Alcance 1, la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, las Leyes nacionales Nº 26168, Nº 25300, Nº 25612, Nº 25670, Nº 25675, Decreto Nacional Nº 92/2007, las Leyes provinciales Nº 5965, Nº 11720, Nº 11459, Nº 11723, Nº 11634, Nº 12605, Nº 13642, Nº 13757, los Decretos Nº 3395/1996, Nº 1741/1996, Nº 806/1997, Nº 23/2007, Nº 505/2008 , las Resoluciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Nº 177/2007, Nº 303/2007, Nº 1639/2007, Nº 1398/2008, las Resoluciones conjuntas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Secretaría de Finanzas Nº 12/2007, Nº 98/2007, Nº 178/2007, Nº 1973/2007, la Resolución del Consejo Federal del Medio Ambiente Nº 92/2004, la Disposición Nº 4059/2009  de la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, la Disposición Nº 1692/2009 de la Dirección Provincial de Residuos, y

 

Considerando:

 

Que el art. 41  de la Constitución Nacional establece que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley y, concomitantemente con ello, el art. 28  de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dispone que toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo.

 

Que, por su parte, la Ley General del Ambiente Nº 25675 en su art. 22 obliga a toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, a contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir, definiendo al mismo como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos (art. 27).

 

Que, asimismo, la citada ley en su art. 28 determina que quien ocasione un daño al ambiente será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción y para el caso de que ello no sea posible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente será depositada en el Fondo de Compensación Ambiental que fuera creado por la misma ley.

 

Que, con similar temperamento, la Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de los PCBs Nº 25670 y la Ley de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios Nº 25612, establecen la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad civil a fin de asegurar la recomposición de posibles daños ambientales.

 

Que por presupuesto mínimo debe entenderse el umbral básico de protección ambiental que corresponde dictar a la Nación y que rige en forma uniforme en todo el territorio nacional como piso inderogable que garantiza a todo habitante una protección ambiental mínima más allá del sitio en que se encuentre.

 

Que, en ese orden de ideas, la Resolución del Consejo Federal del Medio Ambiental Nº 92/2004 establece que “las leyes de presupuestos mínimos pueden ser reglamentadas por las provincias de conformidad a los mecanismos que sus ordenamientos normativos prevén, en caso que éstas lo consideren necesario a los efectos de su aplicación efectiva. La Nación, por su parte, tiene la misma facultad en el marco de su jurisdicción y en el ámbito de las competencias constitucionalmente delegadas. De la propia naturaleza jurídica de las reglamentaciones ejecutivas deriva su función de otorgar operatividad a las partes de las leyes que de por sí no la tengan, careciendo de entidad suficiente para introducir modificaciones en las mismas, ya que un reglamento no puede ir más allá de lo previsto por el legislador”.

 

Que a raíz de la legislación citada, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación así como la Secretaría de Finanzas de la Nación dictaron varias resoluciones tendientes a complementar, reglamentar y/o aclarar distintas cuestiones relativas al seguro ambiental, con el objeto de propender a la implementación paulatina del mismo, creando diversos instrumentos a tales fines.

 

Que en ese marco se impusieron la Resolución 177/2007 (modificada por su similar Nº 303/2007), estableciendo las normas operativas para la contratación de seguros previstos por el art. 22  de la Ley Nº 25675; la Resolución 178/2007 -conjunta con la Secretaría de Finanzas- por la cual se creó la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales; la Resolución 1639/2007 determinado los rubros comprendidos y la categorización de industrias y actividades de servicios según su nivel de complejidad ambiental, y sustituyendo los Anexos I y II de las Resoluciones 177/2007 y 303/2007; la Resolución 98/2007  -conjunta con la Secretaría de Finanzas-, fijando las pautas básicas para las condiciones contractuales de las pólizas de seguro de daño ambiental de incidencia colectiva; la Resolución 1398/2008  asentando los montos mínimos asegurables.

 

Que a nivel provincial, la Ley Nº 11720 determina que las personas físicas y/o jurídicas responsables del transporte de residuos especiales deberán acreditar para su inscripción en el Registro Provincial de Generadores y Operadores de Residuos Especiales, entre otros requisitos, contar con una póliza de seguros que cubra daños causados o garantía suficiente que, para el caso, establezca su autoridad de aplicación (art. 27  inc. d), en tanto que la Ley General del Ambiente Nº 11723 en su art. 3 obliga a los habitantes de la Provincia a proteger, conservar y mejorar el medio ambiente y sus elementos constitutivos, efectuando las acciones necesarias a tal fin (inc. a).

 

Que, con fundamento en la normativa antes citada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido requiriendo la efectiva constitución de seguros ambientales a través de sus más recientes pronunciamientos: Autos “MENDOZA, Beatriz Silvia y Otros c/ ESTADO NACIONAL y Otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS; daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo”, M 1596 XL, punto IV.3, del 23/7/2008; “ASOCIACIÓN DE SUPERFICIARIOS DE LA PATAGONIA c/ YPF S.A. y Otros s/ Daño Ambiental”, 1274 XXXIX del 13/7/2004.

 

Que asimismo el Juzgado Federal de Primera Instancia del Departamento Judicial de Quilmes, en autos “MENDOZA, Beatriz Silvia y Otros c/ ESTADO NACIONAL y Otros s/ EJECUCIÓN DE SENTENCIA (en autos Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ ESTADO NACIONAL y Otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS; daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”, ha ordenado a la Nación y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, puntos XI y XII del resolutorio de fecha 12/06/2009, a reglamentar de forma urgente la exigencia establecida en el art. 22 de la Ley Nº 25675 en el ámbito de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, a los fines de exigir su cumplimiento por parte de aquellos establecimientos que estén comprendidos en el área de su competencia.

 

Que por Ley Nacional Nº 26168 se creó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo como ente de derecho público interjurisdiccional conformado por la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Municipios Integrantes de la Cuenca Matanza Riachuelo, y la Provincia de Buenos Aires.

 

Que el art. 13 de la citada Ley Nacional ratifica lo oportunamente acordado entre las partes en cuanto al compromiso asumido respecto a impulsar en el ámbito de cada una de sus jurisdicciones el dictado de las normas que materialicen la ejecutividad de dicha Ley Nacional.

 

Que por Ley Nº 13642  la Provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley Nacional Nº 26168 y por Decreto Nacional Nº 92/2007 se dispuso la integración de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.

 

Que en la sentencia de fecha 25 de julio de 2008, recaída en la causa Nº 928-SI, caratulada “FUNDACIÓN ECOSUR ECOLÓGICA CULTURAL Y EDUC. DESDE LOS PUEBLOS DEL SUR C/ MDAD. DE VTE. LÓPEZ Y OTRO S/ AMPARO, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín recomendó al Estado provincial que para el supuesto de imposibilidad total o parcial de la resanación por haberse configurado daño irreversible, subsidiariamente inicie las acciones administrativas o judiciales que crea pertinentes contra la empresa DIACROM S.A. y/o sus directivos responsables a los efectos del cobro de la indemnización sustitutiva prevista en los arts. 27, 28 y cc. de la Ley Nº 25675.

 

Que el 14 de abril del corriente año la Superintendencia de Seguros de la Nación informó a este Organismo Provincial la aprobación de un Plan de Seguros de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, en el que se encuentran autorizadas a operar aquellas compañías que se hallen inscriptas en el registro respectivo en calidad de aseguradoras con factibilidad y capacidad operativa para la recomposición ambiental, a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

 

Que respecto de la contratación del seguro ambiental, la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental procedió al dictado de la Disposición Nº 4059/2009 y por su parte, la Dirección Provincial de Residuos dictó la Disposición Nº 1692/2009.

 

Que se torna necesario dictar una norma desde esta Dirección Ejecutiva a fin de compatibilizar los procedimientos existentes entre las distintas dependencias de este Organismo Provincial, evitando la diversificación de criterios que puedan generar contradicciones en su interpretación, razón por la cual se deberán instrumentar los mecanismos correspondientes a fin de revocar las disposiciones precitadas.

 

Que, en este sentido, se deberá establecer claramente que las pólizas de Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva que aceptará este Organismo Provincial serán aquéllas emitidas por las Compañías de Seguro que hayan sido previamente aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, se encuentre inscripta en el Registro de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y, a su vez, las empresas que sean contratadas por las Compañías de Seguro para realizar acciones de recomposición del ambiente dañado, deberán, inexcusablemente, estar inscriptas en el Registro de Operadores de Residuos Especiales creado por la Ley Nº 11720.

 

Que, finalmente, se señala que el seguro ambiental se presenta como una herramienta de prevención y reparación del daño, ya que el valor de la prima así como el monto asegurable, tendrá directa relación con la gestión de la actividad que se realice, reservándose este Organismo Provincial la facultad de ir incorporando progresivamente nuevas actividades a fin que cumplan con el requisito del Seguro.

 

Que han tomado intervención de su competencia los Organismos de Asesoramiento y Control.

 

Que de conformidad con lo actuado, corresponde dictar este acto administrativo en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 32 de la Ley de Ministerios Nº 13757.

 

Por ello;

 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, RESUELVE:

 

Art. 1.– Establecer que, a fin de obtener las respectivas habilitaciones, permisos e inscripciones que otorga este Organismo Provincial, los titulares de las actividades industriales que a continuación se detallan, deberán acreditar con la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño ambiental que su actividad pudiera producir, en observancia a lo establecido por el art. 22 de la Ley Nacional Nº 25675 y demás resoluciones nacionales complementarias:

 

1) Establecimientos instalados en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires a los que corresponde la Segunda Categoría, cuando su nivel de Complejidad Ambiental resulte mayor a 12,5 puntos, en los términos de la Ley Nº 11459 y su Reglamentación.

 

2) Establecimientos instalados en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires a los que corresponde la Tercera Categoría conforme su nivel de Complejidad Ambiental en los términos de la Ley Nº 11459 y su Reglamentación.

 

3) Personas físicas o jurídicas responsables de la generación, tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos especiales (Ley Nº 11720).

 

Art. 2.– Determinar que las pólizas de Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva que aceptará este Organismo Provincial serán únicamente aquéllas emitidas por las Compañías de Seguro que hayan sido previamente aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y, a su vez, hayan acreditado su capacidad y factibilidad operativa para realizar acciones de recomposición del ambiente dañado, mediante contrato con empresas que deberán, inexcusablemente, estar inscriptas en el Registro de Operadores de Residuos Especiales creado por la Ley Nº 11720.

 

Art. 3.– Este Organismo Provincial se reserva la facultad de ir incorporando progresivamente nuevas actividades que resultarán alcanzadas por la obligación de contratación del seguro en los términos del art. 22  de la Ley Nº 25675.

 

Art. 4.– Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA.

 

Cumplido, archivar.

 

José Manuel Molina Director Ejecutivo

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